Defensa del Prestatario: reglas, evidencia y alivio grupal vigentes

La Defensa del Prestatario al Reembolso puede brindar alivio cuando la conducta indebida de una escuela relacionada con la matrícula o los servicios educativos satisface la regla aplicable al préstamo federal. La elegibilidad, la evidencia, los plazos y el alivio dependen de cuándo se otorgó o consolidó cada préstamo; una misma solicitud puede evaluarse bajo más de una regla.

¿Qué regla aplica?

La solicitud federal identifica tres períodos. Los préstamos otorgados o consolidados hasta el 30 de junio de 2017 generalmente se evalúan bajo 34 C.F.R. § 685.206(c). Los otorgados o consolidados del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020 se evalúan bajo § 685.222. Los otorgados o consolidados a partir del 1 de julio de 2020 se evalúan bajo § 685.206(e). La Ley Pública 119-21 restauró el marco del 1 de julio de 2020 para los préstamos cubiertos, por lo que el prestatario debe identificar las fechas de cada préstamo original y de consolidación antes de evaluar una reclamación.

Para un préstamo posterior a 2020 cubierto, el prestatario generalmente debe demostrar por preponderancia de la evidencia que la escuela hizo a sabiendas una tergiversación material relacionada con la matrícula, la continuación de la matrícula o los servicios educativos; que el prestatario confió razonablemente en ella al decidir pedir el préstamo; y que la tergiversación causó daño financiero. El plazo normal es de tres años después de que el estudiante deja de estar matriculado, sujeto únicamente a las extensiones especificadas por la regla. Los estándares para préstamos anteriores son distintos.

Solicitud y evidencia

La solicitud pide un relato detallado de lo que la escuela dijo, escribió, hizo, ocultó u omitió; quién participó; cuándo y cómo ocurrió; por qué fue importante para la decisión de matricularse o endeudarse; cómo fue falso o engañoso; y qué daño produjo. El solicitante debe aportar el material de apoyo disponible, como correos electrónicos, anuncios, catálogos, expedientes de matrícula, contratos, sentencias judiciales o conclusiones gubernamentales. El Departamento también puede considerar evidencia que ya posee, pero no debe presumirse que sustituye los hechos o la prueba requerida del prestatario.

Presentar una solicitud no garantiza alivio. La escuela puede responder y la adjudicación puede tardar años. La indulgencia puede pausar los pagos, o el estado de cobro suspendido puede pausar las gestiones de cobro, mientras la reclamación está pendiente. Durante esa pausa, los intereses pueden acumularse, el saldo puede ser mayor si se deniega la reclamación y ese tiempo puede no contar para la condonación PSLF o IDR salvo que aplique otra regla de crédito. El prestatario puede rechazar la indulgencia y continuar pagando; debe comparar las consecuencias con su administrador y los avisos federales vigentes de su cuenta.

Determinaciones grupales históricas

El Departamento emitió determinaciones grupales históricas específicas. Su resumen de Corinthian cubre a todos los prestatarios matriculados en una escuela operada por Corinthian y sus préstamos federales relacionados. El resumen de ITT cubre los préstamos federales por asistencia desde el 1 de enero de 2005 hasta el cierre de ITT en septiembre de 2016. Los hechos comunes de DeVry se utilizan en la adjudicación individual de solicitudes sobre declaraciones específicas de colocación laboral entre 2008 y 2015; no establecen alivio universal para DeVry. El prestatario debe basarse en la determinación exacta y en el aviso vigente de su cuenta, no en una lista general de escuelas.

Alivio, reembolsos e impuestos

Si se aprueba una reclamación, el Departamento determina el préstamo cubierto y el monto del alivio bajo la regla aplicable. El tratamiento de reembolsos e informes crediticios sigue esa determinación. La amplia exclusión contributiva federal que aplicó a muchas descargas de préstamos estudiantiles hasta 2025 expiró; una descarga completada en 2026 o después puede ser tributable a menos que aplique otra exclusión. El tratamiento estatal puede ser distinto.